En 2017, el gobierno en el estado de Chihuahua ofreció cuadriplicar el salario de los médicos y especialistas para ocupar alguna de las diferentes vacantes en la Sierra Tarahumara. Hoy, a más de 10 meses de lo ocurrido, la Secretaría Estatal de Salud (SESA-C) se excusa en una supuesta autorización pendiente del gobierno federal para ocupar esas plazas médicas. Realmente es eso, ¿o hay algo más? ¿Quién dice la verdad?

¿Una fachada?

Con esto en mente y tomando como base la información publicada por el diario local NET Noticias, el titular de la SESA-T, Ernesto Ávila Valdez, explicó que el problema relacionado con la falta de médicos en la zona serrana se debe, principalmente, a que aún se encuentran en espera de que el secretario de salud federal, José Narro Robles, autorice las plazas para los médicos faltantes.

La aprobación de los recursos para poder pagar el salario del personal médico de la zona serrana depende directamente del Gobierno Federal, ya los centros de salud pertenecen a la Federación […] cuando México autorice el recurso y los incrementos de sueldo que se pretenden hacer para los doctores que trabajarán en la zona serrana, en ese momento se contratarán.

En esa tesitura, el funcionario público estatal agregó que, debido a la dificultad que representa la cuantificación de capital humano y recursos médicos en estas zonas alejadas de las grandes ciudades, se desconoce el número de médicos que se requieren en la Sierra, pero que “es una cantidad considerable”, por lo que necesitan que se les autorice el recurso.

La realidad de la que poco se habla

Tal y como lo detalló el investigador de esta Casa Editorial, https://www.saludiario.com/wp-content/uploads/2015/12/8f6d71a5-bigstock-human-brain-and-computer-chip-39563953-1-e1464383720513.jpg Díaz, en el artículo titulado: Pese al peligro, pasantes siguen realizando servicio social en zonas inseguras, los profesionales de la salud están hartos de prevalecer a merced del crimen organizado. Principalmente, aquellos que son obligados a desempeñarse en zonas rurales, donde apena se cuentan con servicios básicos.

¿Y si el problema es más de seguridad pública que de “autorización” de vacantes?

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