Organizaciones civiles y activistas que promueven el impuesto a las bebidas azucaradas, denunciaron que son espiados por el gobierno mexicano.

“En México, defender el derecho a la salud se ha convertido en un peligro. Estar a favor de políticas que combatan la obesidad y la diabetes ahora significa pelear contra los aliados del gobierno”, dijeron los activistas, quienes advirtieron que denunciarán este hecho ante a Procuraduría General de la República (PGR), así como una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los afectados de este supuesto espionaje son Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.

Cabe destacar que los tres personajes ya mencionados llevan trabajando desde varios años en la promoción de un gravamen en contra de las bebidas azucaradas en nuestro país, con la finalidad de frenar la obesidad, diabetes y otros padecimientos derivados de este problema de alimentación.

La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, ha mencionado que las enfermedades no transmisibles, que son las principales responsables de las enfermedades y fallecimientos, no cederán si no hay gente que se atreva a enfrentar a las grandes empresas del tabaco, del alcohol, de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra. Un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas es Chile, en donde lo están haciendo exitosamente, pero en México sólo se realizan simulacros y el no hacer bien las cosas está costando decenas de miles de vidas.

Los activistas señalaron que el nuevo etiquetado frontal anunciado por la Cofepris no se entiende y maneja un criterio de azúcar que resulta una amenaza a la salud. “Los reglamentos de alimentos y bebidas no se aplican en las escuelas y el control de la publicidad dirigida a niños no se está respetando”, mencionaron.

Aseguraron que por denunciar estos y otros hechos que ayuden a promover regulaciones para modificar el ambiente obesogénico de México, entre el 8 de julio y el 17 de agosto del año pasado recibieron distintos mensajes SMS con la finalidad de infectar sus dispositivos móviles con un malware de vigilancia, un programa que es comercializado por la empresa israelí NSO Group para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. Según la política de esta compañía, el software sólo se vende a gobiernos y nunca a particulares. “El malware lo introdujeron a nuestros celulares a través de esos mensajes de texto”, dijeron.

“Las investigaciones y las pruebas que tenemos están señalando a que estos sistemas de espionaje fueron comprados por el gobierno mexicano y aplicados a un investigador y a dos activistas de salud pública”, explicó Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Fernando García confirmó que el programa que fue instalado en los teléfonos de los tres promotores de la salud tiene la capacidad de rastrear llamadas, mensajes de texto, emails, identificar ubicación, identificar sonidos, imágenes y hasta las teclas pulsadas en el celular.

El gobierno mexicano adquirió el malware y lo instaló, no a criminales ni a terroristas, sino a activistas que están enfrentando a las industrias y a los funcionarios relacionados a ellas.