Las quejas médicas son parte crucial de la práctica clínica. Muchas veces incluso no son señal de una mala atención o un error en el procedimiento. Son, frecuentemente, el síntoma de un conflicto más complejo entre pacientes y profesionales. Sin importar el caso, es indudable que incluso los mejores  exponentes de la disciplina se enfrentan a estos reclamos.

En México, las quejas médicas son manejadas por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En términos generales, la Conamed procura resolver el asunto de forma amigable primero. Si no se puede llegar a conciliación, se pasa a una etapa de arbitraje. Entonces, se determinan si existe una mala práctica y, en caso de existir, cuáles son las sanciones necesarias.

De acuerdo con la misma Comisión, este tipo de procesos son relativamente comunes. Entre 1996 y 2015, se recibieron poco más de 33 mil quejas. Únicamente en 2017, el 38 por ciento de las demandas fueron realizadas contra especialistas de ginecología. Los procesos llevados a cabo por Conamed son, por políticas de la dependencia, gratuitos.

¿Sería mejor otro acercamiento a las quejas médicas en México?

Hace poco, de acuerdo con AP, Puerto Rico estableció una nueva reglamentación. Los parámetros tienen como objetivo limitar el número de quejas médicas. El sistema es una réplica del que se utiliza en una buena parte de Estados Unidos. Esta ley en específico, ordena la creación de 13 paneles de revisión. Cada uno estará tendrá expertos de salud, ómbudsman y jueces.

Estos paneles, además de revisar las quejas médicas, tendrían una función adicional. Antes que se pueda poner en marcha el proceso, el demandante debe hacer un pago. Este dinero será devuelto íntegramente al paciente si en la batalla legal resulta que el profesional de la salud es culpable. De lo contrario, el dinero lo conservan las autoridades de Puerto Rico.

Se pretende que este sistema de quejas médicas reduzca el número de procesos que se hacen innecesariamente. En esta región, se hacen inician casi mil investigaciones cada año. Pero, por una razón u otra, 900 son desestimadas eventualmente. Si en México se implementara un sistema similar al de Puerto Rico y Estados Unidos, ¿sería mejor para la práctica clínica? O por el contrario, ¿significaría un impedimento a los derechos de los pacientes?

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