Mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará una propuesta del ministro Arturo Zaldívar. De ser aprobada, la institución sentaría un precedente sobre si el Estado puede ordenar intervenciones médicas urgentes a menores de edad cuando los padres, por motivos religiosos o étnicos, se nieguen a someter a sus hijos a tratamiento.

De acuerdo con el proyecto presentado por el ministro Zaldívar, el Estado tendría la capacidad de intervenir en la autonomía de las unidades familiares cuando un menor de edad esté en riesgo, de vida o salud, por las decisiones que quieren impulsar los tutores. Apunta además que estas intervenciones médicas urgentes deberían realizarse especialmente cuando los padres insistan en utilizar un tratamiento alternativo inviable, ya sea por la premura médica o la falta de eficacia de los mismos.

La controversia se desata a raíz que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chihuahua asumiera la tutela de una niña con leucemia para aprobar transfusiones de sangre. Los padres de la joven, Testigos de Jehová y miembros de la etnia rarámuri, se rehusaron a realizar la operación por sus creencias. La SCJN decidirá el miércoles, entonces, si las autoridades estatales incurrieron en un acto de inconstitucionalidad.

El ministro Zaldívar busca respaldar al Estado de Chihuahua con su propuesta. Afirma que las intervenciones médicas relacionadas con la leucemia son físicamente muy exigentes para la gente de quien la padece y pidió al resto de la Corte considerar que ningún tratamiento alternativo donde no se realicen transfusiones de sangre puede ser igual de efectivo para combatir la enfermedad.

Si la SCJN falla a favor del estado, el titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes de Chihuahua podría ordenar legalmente las transfusiones de sangre y demás intervenciones médicas recomendadas por el hospital donde se encuentra internada la joven como su tutor temporal legal.

De lo contrario, la madre de la joven (que ya ha interpuesto un amparo contra la Subprocuraduría por supuesta discriminación de creencias religiosas y tradiciones étnicas) podría decidir cuál de las intervenciones médicas es la que mejor se acomoda a su cultura. Además, la organización estatal podría ser amonestada y obligada a compensar los daños causados a la familia.