A principios de semana la legisladora Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó la necesidad de promover una reforma a la Ley Genera de Acceso a una Vida Libre de Violencia para garantizar un método anticonceptivo de emergencia y la interrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violación, no obstante, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados cedió a la presión del Partido Acción Nacional y suprimió el tema.

Por tanto, el debate sobre el derecho al aborto en caso de violencia sexual a nivel nacional ha tenido que suspenderse nuevamente.

Aunque la NOM-046 sobre tratamiento de violencia familiar, violencia sexual y en contra de las mujeres considera aplicar ambos recursos para proteger a las víctimas, el PRI accedió a posponer la discusión y además aceptó el cambio propuesto por el PAN:

En el caso de embarazo como consecuencia de una violación, las autoridades garantizarán la atención inmediata de servicios médicos para la víctima, en consideración a su propia voluntad, a su estado de salud y a lo que disponga la ley.

Al respecto, cabe aclarar que gobiernos de origen panista han interpuesto controversias constitucionales contra la NOM-046, además de que en muchos estados no se permite la interrupción legal del embarazo ni se suministra la llamada pastilla del día siguiente a las mujeres víctimas de violación.

Pese a ello, la misma Comisión ha reconocido que “se han registrado casi 3 millones de casos de violencia sexual, lo que equivale a 600 mil casos por el año, y a mil 345 casos por día (1 por minuto), según revela el estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) denominado ‘Las otras víctimas invisibles’, y que 90 por ciento de esa cifra son mujeres”.

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