Varios estados serán excluidos de la compra consolidada de medicinas liderada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para asegurar el abasto de 2017, informó Dagoberto Cortés Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).

Esta medida resulta del adeudo de aproximadamente 8 mil millones de pesos acumulado en los tres años pasados a fabricantes y distribuidores de fármacos.

En 2016 los servicios de salud de cuatro entidades no pudieron realizar adquisiciones por esta vía y se mantendrán fuera del proceso, en tanto, busca añadirse al Estado de México a esta lista. Los proveedores actualmente abogan porque el IMSS lo excluya dado que adeuda mil 200 millones de pesos.

Cortés destacó que esta entidad es la que más afecta a los fabricantes y distribuidores de medicamentos, pues requiere enorme volumen de productos; sin embargo, ya tenía deudas desde 2015, por lo que estableció un compromiso de pago que incumplió, además, preocupa la posibilidad de que el próximo gobierno no reconozca dicho adeudo.

El presidente de Anafam expresó a La Jornada que ya se solicitó al IMSS incluir en los nuevos contratos niveles mínimos de volumen en los pedidos; fijar el precio de los productos a entregar a clínicas y hospitales; y establecer que a partir de cierto monto los proveedores puedan suspender el servicio para evitar el incremento de deudas.

Al respecto, destaca que las entregas directas de insumos a clínicas y hospitales han ayudado a combatir el desabasto de medicinas y mantener el surtimiento de recetas en 98 por ciento a nivel nacional; sin embargo, Cortés Cervantes señaló que en algunos casos esta disposición ha sido perjudicial para los proveedores (sobre todo cuando hay que ir a comunidades alejadas y aumentan los costos del transporte), pues 78 por ciento de las 860 claves de medicinas valen 4.60 pesos o menos y en ciertos lugares 60 por ciento de las órdenes de reposición son menores a los 2 mil pesos.

El IMSS es el mayor comprador de medicinas del sector público y 40 por ciento de sus contratos son para adquirir productos de mayor consumo y menor precio.

Por todo lo anterior, el presidente de Anafam observó que resulta incomprensible que las entidades no paguen, pues tienen asignaciones presupuestales específicas para este fin, mientras que las fallas al proveer resultan en multas para fabricantes y distribuidores de fármacos .

Por ahora, entre los estados que no podrán participar en la compra consolidada de medicinas que iniciará la segunda quincena de septiembre se encuentran: Tamaulipas, Nuevo León, Colima y Veracruz, aunque se espera que la lista se incremente a siete entidades excluidas.

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