En México, existen entre 400 y 600 mil pacientes infectados con el virus del hepatitis C. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), muy pocos reciben tratamiento. Menos del 25 por ciento saben que están enfermos y solo uno de cada 100 se someten a terapia. Esto, a pesar que existe ya una cura.
Por ello, la organización Unidos por Una Vida Mejor solicitó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prestar atención al tema. Miriam Castellot, coordinadora del organismo, apuntó que el nuevo gobierno podría apoyarlos a lograr una eliminación de la hepatitis C en México. Señaló que debe trabajarse para lograr un acceso universal a la cura. También, pidió a las instituciones de salud públicas absorber los costos de detección y solución a la enfermedad.
Queremos integrar al Plan Nacional de Desarrollo el Programa Integral de Eliminación de Hepatitis C crónica (PIEHCc) […]. Las organizaciones de la sociedad civil que viven con esta enfermedad, desde una actitud proactiva y propositiva, nos pronunciamos para hacer las aportaciones pertinentes y materializar esta iniciativa.
Castellos apuntó que el PIEHCc debe abordarse desde todas las etapas de atención. Como una paciente recuperada de la Hepatitis C, aseguró que no existe un plan a largo plazo para brindar la cura a nivel nacional. Igualmente, apuntó que esto se debe a una fragmentación del sistema. Específicamente, señaló el acceso a fármacos, métodos de diagnóstico y número de hospitales acreditados.
¿Qué pide la organización para curar la hepatitis C?
Entre las solicitudes que Unidos por Una Vida Mejor le hace al gobierno de AMLO, se cuenta:
- Universalidad de la atención a pacientes de hepatitis C.
- Eliminar las barreras de edad y grado de la enfermedad en los servicios de salud pública.
- Ejecutar un plan de eliminación de la hepatitis C donde se considere prevención, diagnóstico y tratamiento.
- Incrementar el número de hospitales acreditados y/o ampliar la cobertura al primer y segundo nivel de atención
- Crear una estrategia para grupos vulnerables y de alto riesgo (presos, usuarios de drogas, etcétera).
- Establecer mecanismos de compra consolidada para reducir gastos y actos de corrupción.