• Cuando se pierde a una madre, las condiciones de desarrollo de los niños, de la pareja, se fracturan pues propicia circunstancias difíciles, de abandono escolar, disolución de la familia, de integración a la vida laboral a menor edad.
• Junto a la mortalidad materna hay otros retos igual de importantes: combatir la violencia obstétrica y fortalecer el desarrollo del parto humanizado.
• De acuerdo con la OMS, se recomienda que máximo el 15% de los nacimientos se realicen por cesárea.

La mortalidad materna es uno de los temas más urgentes que se deben atender en el país. Tan sólo en el caso de México, de 2016 a 2021 fallecieron 5,099 mujeres durante el embarazo, parto y/o puerperio. Con esto se obtiene un promedio de 850 decesos al año, es decir, dos por día, afirmó el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, Juan Carlos Pérez López.

Estas cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Grupo de Información en Reproducción Elegida muestran que sigue siendo un problema grave en nuestro país. Además representa uno de los peores escenarios a nivel social porque la ausencia de la mamá condiciona la ruptura del núcleo familiar.

Cuando se pierde a una madre, las condiciones de desarrollo de los niños, de la pareja, se fracturan pues propicia circunstancias difíciles, de abandono escolar, disolución de la familia, de integración a la vida laboral a menor edad.

Junto a la mortalidad materna están otros retos igual de importantes: combatir la violencia obstétrica y fortalecer el desarrollo del parto humanizado.

La atención a estas problemáticas forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que se relacionan con estrategias y políticas de salud dirigidas a promover el nacimiento de niños sanos y la atención adecuada de las mujeres durante el proceso reproductivo.

“Son indicadores de desarrollo que nos dicen qué tan bien o mal nos encontramos como nación, es una buena radiografía para saber cómo estamos en materia de desigualdad, de acceso a la salud”.

En nuestro país, lamentablemente las mujeres de las comunidades indígenas y de entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las más vulnerables a estas problemáticas obstétricas, quienes padecen violencia en mayor proporción y no acceden a unidades de salud que cuenten con personal capacitado y el material necesario para su atención.

Violación a los derechos humanos

La violencia obstétrica, señaló el experto universitario, es el trato deshumanizado que reciben durante la atención obstétrica. Esto incluye el proceso de gestación, parto y puerperio.

En el posparto se relaciona con la colocación de dispositivos anticonceptivos, sin su consentimiento; o peor aún, con su esterilización.

En contraparte se encuentra el parto humanizado, que consiste en crear un entorno amigable a este proceso, en el que la madre y su bebé son atendidos en espacios dignos y limpios, con los recursos necesarios, y que no se les medique o realicen procedimientos invasivos innecesarios.

Pérez López, también maestro en Ciencias, comentó que al establecerse los Objetivos del Milenio se planteó que, como parte del mejoramiento a la salud materna, se practicaran menos cesáreas, aproximadamente 15 por ciento de estos procedimientos por cada 100 mil nacidos vivos. Esta meta se retomó en los ODS.

“Inicialmente teníamos indicadores de hasta el 50 por ciento de los nacimientos por vía cesárea, se redujo e incluso llegó a mantenerse en un 25 por ciento. La expectativa era llegar al 22 por ciento en el año 2020. Sin embargo, por la emergencia sanitaria por COVID-19 hubo una alteración en las cifras y actualmente nos encontramos entre el 20 y 22 por ciento del total de los nacimientos. Estamos todavía lejos de alcanzar el 15 por ciento”.

Pérez López destacó que el parto natural fortalece el vínculo entre la madre y su hijo y el apego inmediato, mientras que una cesárea tiende a separarlos.

El académico de la UNAM refirió que la mayor práctica de cesáreas se presenta en instituciones privadas de salud, donde no hay mayor control sobre ellas. “Estamos plenamente seguros que en el medio público no se practica, a menos que esté indicado”.

Y añadió: implica cirugía mayor, es un procedimiento invasivo que requiere vigilancia de varios especialistas, del proceso de anestesia y los riesgos inherentes a ello.

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