Es bastante lamentable ver la actual situación de nuestro país respecto al incremento en los índices de violencia, lo cual no sólo ha provocado miles de muertes en todo el territorio nacional sino que afecta en la calidad de vida de todos los habitantes y ha fomentado un miedo permanente a realizar cualquier actividad y eso se ha trasladado al sector salud.
Para poner en contexto, la Encuesta Médica Nacional de Riesgo realizada en el año 2015 por el Colegio Médico de México mostró que el 60 por ciento de los profesionales de la salud de nuestro país habían sido víctimas de algún tipo de agresión o amenaza tan sólo por realizar su trabajo. Si bien, cualquiera se encuentra expuesto a sufrir de robos o agresiones en la vía pública, ahora se ha detectado un aumento en la violencia dentro de los consultorios médicos.
Por lo anterior, el Congreso de Jalisco presentó el acuerdo 2054-LXI-18 que está dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval y a los funcionarios de la Secretaría de Salud local (SSJ) para mejorar las medidas de seguridad de los médicos de la entidad a partir de la actual Ley de Atención a Víctimas.
Se solicita que de acuerdo con lo previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, se establezcan los procedimientos necesarios de atención, información y acompañamiento desde la institución de salud receptora, tomando en cuenta la capacitación del personal de salud para actuar, salvaguardando su integridad física así como la del resto de pacientes y visitantes, durante la atención que brindan.
De esta manera, lo que se busca es reforzar las medidas de seguridad existentes en las unidades de salud debido a que el personal médico se encuentra vulnerable ante cualquier tipo de agresión por parte de su pacientes.
Urgente medida a nivel nacional
Por su parte, aunque la propuesta es local, es claro que se necesita una medida que se aplique a nivel nacional por las constantes agresiones de la que han sido objeto los médicos en todo el país. Como ejemplo se pueden mencionar los secuestros y asesinatos de médicos registrados en Chihuahua, Veracruz y Sinaloa, además de las denuncias por “cobro de piso” que han presentado galenos de Baja California, lo que en conjunto ha propiciado la aparición de movimientos de defensa como #YoSoyMédico17 para exigir una pronta solución al problema.
