La noche de este domingo 28 de enero de 2018, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que, luego de un trabajo en coordinación con las autoridades policiales del Estado de México, fue encontrado con vida el estudiante de la Prepa No. 8 de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, en un paraje del municipio de Melchor Ocampo, luego de la desaparición forzada¹ sufrida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX). Hoy, lamentablemente, es paciente de un Hospital Psiquiátrico del sur de la capital de la república.
Marco Antonio fue llevado a las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, ubicado al sur de la Ciudad de México, debido al daño que sufrió su salud integral luego de haber sido desaparecido por más de siete días.
En este sentido, del acuerdo con El comercio y como ya lo han señalado otros medios de comunicación, el ahora paciente psiquiátrico fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Azcapotzalco cuando tomaba fotografías a un mural. Esto ocurrió el pasado 23 de enero y nunca llegó al juzgado cívico en la demarcación territorial correspondiente a dicha delegación.
La madrugada de este domingo, Marco Antonio fue encontrado con “traumatismos en la cara y sin recordar, ni siquiera su nombre” (El Universal, 2018).
¹ El concepto relacionado con el vocablo desaparición forzada es clave para entender la magnitud del problema que enfrente el Gobierno de la CDMX en el caso de Marco Antonio, ya que no se trata únicamente de un secuestro perpetrado por particulares, sino, al contrario, fue llevado a cabo por elementos que representan a la policía de la capital de la república, a la autoridad.
En este punto radica la complejidad de la desaparición forzada. El gobierno no puede, a través de sus órganos policiales, desaparecer a personas a su voluntad. Ello representa una violación clara a los derechos humanos que médicos y pacientes tenemos por igual, sin distinción.
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