Que los padres tengan autoridad legal para tomar decisiones por sus hijos menores de edad no debería significar que ellos y los médicos excluyan al niño de las discusiones sobre el cuidado de su salud, pues el no proveer al paciente pediátrico de información al respecto y privarlo de la oportunidad de exponer sus temores y preferencias puede aislarlo y agregar mayor grado de ansiedad y distrés.

Cuando los papás están en desacuerdo sobre las decisiones a tomar, la situación se complica aún más para el menor, de modo que el pediatra deberá determinar qué opción es más adecuada para la salud de su paciente con base en dos variables: la capacidad del menor para opinar y la gravedad objetiva de la situación. Así, el médico puede encontrarse con distintos escenarios.

Problema de salud grave que requiere actuación inmediata

El pediatra debe actuar bajo el llamado estado de necesidad, ya que existe estado grave al que se suma inminencia de grave daño. Debe aplicar un tratamiento que estime conveniente según su criterio clínico, con o sin el consentimiento del menor y sus padres.

Problema de salud grave que no requiere actuación inmediata

El profesional sanitario deberá valorar si el paciente pediátrico cuenta con la madurez necesaria para tomar una decisión, si es así, se respeta lo que él determine, coincida o no con el criterio expresado por sus padres. En caso contrario (si es inmaduro) se aplica la decisión de los papás, excepto que su criterio sea contrario al interés del menor.

Problema de salud que no reviste ni gravedad ni urgencia

Si el menor es maduro se aplica su criterio, de lo contrario, se atenderá a la decisión de los padres.

El médico es responsable de atender el estado de salud de su paciente pero, además, en el caso de menores debe garantizar su interés sanitario, lo que puede conducirlo a recurrir la vía judicial.