A partir de este 2017 los hospitales de Jalisco están obligados a recaudar el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado (RTP) por los honorarios que cobren médicos que usen sus instalaciones para ofrecer servicios sanitarios.

El objetivo es reportar el RTP (que grava los honorarios de los prestadores de servicios médicos independientes) a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (Sepaf), no obstante, en caso de que el facultativo no lo haga, el nosocomio estará obligado a proporcionar nombres completos de médico y paciente con fecha y tipo de servicio proporcionado.

De acuerdo con información dada conocer por Reforma, Carlos Dueñas García, presidente de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco (la cual aglutina a 47 nosocomios), la medida rompe el secreto profesional entre médico y paciente, ya que este último tiene derecho a la confidencialidad y resulta un sujeto que nada tiene que ver con el pago del mencionado impuesto.

Aunque la Asociación se declaró en favor de hacer cumplir la ley, aclaró que no perseguirá a los médicos, ya que las instituciones de salud no están en posibilidades de cumplir con estas nuevas disposiciones estatales.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación, Éver Arturo Rodríguez Arias, recordó que la labor de los hospitales es ofrecer servicios de salud, no hacer recaudación de impuestos, de modo que no harán “cacería” de médicos.

Agregó que hablarán con los galenos sobre las nuevas disposiciones fiscales de Jalisco, pero en ningún caso perseguirán estos que son sus clientes.

Los miembros de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco tiene previsto reunirse en los próximos días para valuar el avance que cada nosocomio lleva en recaudación, no obstante, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en voz de su presidenta, Martha Arreola, ha señalado que la Sepaf tendría que establecer mecanismos para evitar conflictos entre médicos, hospitales y pacientes.

En tanto, la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, ha hecho hincapié en que bastaría con que un paciente cuestionara ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por qué es que Sepaf demanda su información, para que el organismo inicie  un proceso en el que se revisen sus facultades para exigir sus datos personales, de modo que el fiscalizador estaría en obligación de justificarse.

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