Una de las pacientes a quienes entre 2004 y 2009 se les colocó en el cerebro un implante experimental sin su autorización, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe en contra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco Suárez”.
El caso fue acreditado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y la Comisión de Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes reconocieron que los pacientes con problemas de hidrocefalia no sabían que les estaban colocando el dispositivo, el cual todavía no estaba autorizado para su uso en seres humanos.
La organización Centro de Comunicación Social (Cencos) indicó que los daños a estas personas son irreversibles puesto que el implante se encuentra “encarnado” en el cerebro causando fuertes dolores de cabeza, dificultades para dormir e inestabilidad en el cuerpo.
En compañía de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Yolanda Guerrero Caballero, una de las más de 500 víctimas, hizo hincapié en que la PGR ha sido omisa ante las denuncias impuestas por las víctimas, esto a pesar de que Conamed y Cofepris reconocieron el mal manejo médico del INNN, donde se desempeñaba como presidente del Consejo Técnico el doctor Julio Sotelo Morales, creador del dispositivo.
El galeno violó la fracción 5 del artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, la cual señala que debe haber “consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal”.
La afectada recriminó a las autoridades la falta de justicia y la violación de los derechos humanos de los pacientes mientras que Sotelo Morales sigue desempeñándose en cargos públicos.
Imagen: Twitter Cencos
