“Explotar: utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o cualidades de otra persona”.
Diccionario de la Real Academia Española
El servicio social es un remanente de otros tiempos. Como nación nos debería avergonzar que un programa que se creó —hace más de 80 años—, con el objetivo de cerrar la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, no podamos decir que cumplió sus metas; al contrario, las condiciones de sus integrantes parecen empeorar año con año. El servicio no sólo es injusto para los médicos y el personal de enfermería, también lo es para los pacientes. La desigualdad en el acceso a la salud es una de las realidades más dolorosas de nuestro país; mantener la práctica de tener ciudades llenas de especialistas y subespecialistas y poblaciones marginadas atendidas por pasantes es una llaga que nuestras autoridades han ignorado o, por lo menos, minimizado.
Anteriormente, en otra columna titulada ¿Qué son los pasantes médicos de servicio social? Describí el estatus jurídico de los pasantes y las pésimas condiciones en que prestan sus servicios, los invito a leerla si a alguien le interesa conocer un poco más sobre sus aspectos jurídicos.
Los defensores del servicio social suelen decir que le están dando un “primer empleo” a los estudiantes. Esto es falso y un tremendo insulto, porque uno de los elementos esenciales del empleo son los derechos de los trabajadores. Un primer empleo sin derechos laborales es sólo un propedéutico en la explotación, el autoritarismo y los abusos que sufrirán tanto personal médico como de enfermería al entrar al sistema de salud. Les tengo una mejor idea, si quieren darles un primer empleo, quiten el servicio social y hagan programas de primer empleo para médicos recién egresados. ¿La diferencia? Simple: los derechos laborales. Un médico, con cédula, recién egresado ya debe de tener todos los derechos laborales y no puede ser intimidado con la amenaza de no liberarle a tiempo su servicio social. Se le da la misma oportunidad, pero con más derechos y menos presiones.
A las personalidades autoritarias los derechos laborales les son incómodos y, por eso, prefieren el servicio social, porque de esa manera pueden abusar con mayor impunidad de sus subalternos. Los pasantes sacan el trabajo por una “beca” miserable, los aíslan de su círculo social y de su familia, los obligan a vivir dentro de su centro de salud, en ocasiones sin tener las condiciones mínimas, a no tener otro trabajo o fuente de ingreso y los chantajean con su liberación. El servicio social en medicina es el sueño de cualquier autoritario.
El servicio social tiene que desaparecer, pero con él no va a terminar la violencia en contra del personal de salud. Hace unos días falleció la doctora Mariana; antes falleció Jorge, interno de pregrado al que no le dieron atención por padecer COVID. Antes de ellos podemos citar nombres de médicos que han sido despedidos por pedir equipo de protección, por denunciar carencias, incluso médicos que han sido encarcelados y otros que han perdido la vida. De todos esos casos llama la atención dos constantes: Primera, autoridades indiferentes que incluso se ponen en contra del personal médico; la segunda, la ausencia de culpables. La norma en nuestro sistema de salud es que cualquier agravio en contra del personal de salud queda impune.
El servicio social es explotación y debe desaparecer, pero eso no va a evitar que nos maten, nos encarcelen y nos violenten; lo que tenemos que hacer es acabar con la impunidad, la corrupción y el autoritarismo dentro del sistema de salud. A mí me parece alarmante las respuestas de las autoridades a los casos de la doctora Calvillo, el doctor Yuca, la doctora Cossio, el doctor Jorge y la doctora Mariana (entre muchos otros). En todos ellos parecen más interesados en dar por terminado el asunto que por hacer justicia.
El 31 de enero, el doctor Alcocer, Secretario de Salud Federal, emitió un comunicado en el que menciona que habrá cero tolerancia a la violencia de género en el sistema de salud, eso está muy bien, pero pienso que la cero tolerancia debería de ser ante cualquier acto de violencia en contra del personal de salud, sobre todo cero tolerancia a la violencia de las autoridades en contra del personal de salud.
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