El momento por el que atraviesa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es bastante preocupante. El punto que ha generado mayores críticas ha sido la renuncia de Germán Martínez y los argumentos que citó. Es notorio que existe descontento a raíz de los continuos recortes al presupuesto, lo cual afecta tanto a los trabajadores de la salud como a los pacientes.
A pesar de que Zoé Robledo, nuevo director del IMSS, declaró que el instituto no está en crisis, la realidad parece ser bastante distinta. El ejemplo más claro es que por falta de recursos se ha dejado de adquirir equipo médico y remodelar hospitales. A causa de esto es que las unidades cada vez lucen más acabadas y obsoletas.
Menos presupuesto para el IMSS
Al respecto, Arturo Olivares Cerda, secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), explicó el severo problema que enfrenta el IMSS. Al comparar la inversión realizada en infraestructura y equipamiento durante el primer trimestre de este año, es 80 por ciento menor a la del mismo período de 2018.
La falta de este recurso ha impactado, por ejemplo, en el atraso de la entrega de tres nuevos hospitales, que debían inaugurarse desde hace tres meses. Ahora estarán listos hasta final de año, como sucedió con el de Atlacomulco, Ciudad Acuña y el de Tapachula. También resulta notoria la escasez de recursos en infraestructura, lo que provocó la suspensión de la construcción de otros dos hospitales.
Por su parte, de acuerdo con Olivares Cerda, el IMSS se encuentra demasiado atrasado en varios aspectos. Tan sólo para lograr los indicadores mínimos establecidos en salud por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se requiere de la construcción de 58 hospitales. También se necesitaría contratar al menos a 19 mil médicos más y habilitar 153 unidades de medicina familiar con 10 consultorios cada una.
De esta forma, el crecimiento de pacientes no ha sido proporcional con la contratación de profesionales de la salud. Mientras que de 2012 a 2018 creció 12 por ciento el número de derechohabientes, el personal sólo aumentó 4 por ciento.