La desnutrición y la pobreza son dos realidades sociales que van de la mano en países del tercer mundo. Tomando en cuenta que en Ecuador más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, la discusión sobre el hambre siempre está sobre la mesa… literalmente.

De hecho, según el índice Global de Hambre de la Organización de Naciones Unidas, Ecuador ocupa el puesto número 51 entre los 104 países con mayores tasas de desnutrición. Infortunadamente, es el segundo país después de Guatemala, con los mayores índices de desnutrición infantil crónica entre los 0 y los 5 años.

Pero los niños no son el único grupo vulnerable en nuestro país; esta situación también afecta a personas mayores, mujeres y poblaciones indígenas, quienes por lo general cuentan con ingresos económicos precarios, que merman de acuerdo contextos políticos y sociales, como el caso de la cuarentena obligatoria.

La mayoría de este grupo poblacional, no es capaz de alcanzar los USD 400 de salario mínimo que se requiere para vivir en Ecuador, por lo que no pueden acceder a todos los productos de la canasta alimentaria recomendados.

En este sentido, un estudio realizado por el Programa Mundial de alimentos (PMA) determinó que menos del 50% de las familias en Ecuador tiene acceso a una dieta nutritiva, mientras que la población restante cubre sus necesidades alimenticias en base a una dieta calórica.

La diferencia entre ambas radica en que la dieta energética se basa en productos de alto contenido calórico para saciar el hambre, como tubérculos y cereales; por su parte la dieta nutritiva, contiene además proteínas, vegetales, frutas, grasas, lácteos y legumbres.

El detalle, es que un plato balanceado de comida nutritiva implica un gasto de USD 8,60; mientras que un plato de comida energética no supera los USD 2,50, según estimaciones del PMA.

Tomando en cuenta, que el 8,8% de los ecuatorianos sobreviven con un ingreso mensual de USD 47,70 al mes, comer adecuadamente en Ecuador representa un lujo y no una necesidad. Además, la pandemia, solo ha llegado para agravar esta situación; pues se espera que la cifra supere el 13% en el transcurso del 2021.

La realidad es que, en el país no existen políticas públicas que se avoquen a resolver este problema. La última iniciativa para reducir la desnutrición infantil se promulgó en el año 1986 y estuvo en vigencia hasta el 2011; por lo que desde hace 10 años la brecha de desnutrición infantil no ha disminuido.

De hecho, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 325.000 niños tienen desnutrición crónica en el país, lo que causa problemas cognitivos, dificultades de aprendizaje y talla baja; problemas, que impactarán en su futuro laboral y económico.

Ante esta problemática, las comunidades se han visto obligadas a organizarse y crear iniciativas ciudadanas como el Banco de Alimentos de Quito y la Asociación Mushuk Kawsay, las cuales tienen como objetivo reducir las profundas brechas sociales y llevar alimentos a los sectores más vulnerables.

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