Según lo revelado por el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, la compra de medicinas falsas para quimioterapia inició en 2010 bajo la administración del entonces ejecutivo local Fidel Herrera y se prolongó durante la administración del ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa.
El escándalo que ha involucrado a autoridades de todos los niveles deberá ser investigado por la Secretaría de Salud (SSa) federal a cargo de José Narro Robles, así como por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dirigida por Julio Sanchez y Tépoz, indicó la Comisión de Salud del Congreso de la Unión.
Al respecto, la SSa informó que a través de la Cofepris efectuará una investigación a fondo para reunir documentación técnica y científica que sustente el caso y presentar así la denuncia correspondiente.
Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó que tras las declaraciones de Yunes Linares en el sentido de que pacientes pediátricos del Centro de Cancerología de Xalapa presuntamente fueron atendidos con agua destilada y medicinas inadecuadas para su enfermedad, además de que existen medicinas caducas y pruebas de VIH falsas en la entidad bajo una amplia red de complicidades, pidió a la Cofepris iniciar una investigación en coordinación con autoridades estatales.
Por ello, nueve representantes del ente regulatorio repartidos en tres brigadas, un elemento de la Secretaría de Integración y Desarrollo y los titulares del Sistema Federal Sanitario y de la Comisión de Operación Sanitaria se trasladaron a la capital del estado.
Con ello, aseguró Narro, da inicio un procedimiento formal de verificación sanitaria a fin de identificar los protocolos de atención médica, uso de medicamentos y otros insumos sanitarios; asimismo, se recabarán aleatoriamente expedientes clínicos.
El funcionario explicó que se analizarán las medicinas usadas, se identificará al laboratorio responsable de su producción y distribución, y se revisarán los dispositivos para la detección de VIH:
Con estas acciones se investigará a profundidad y con bases técnicas y científicas la posible existencia de medicamentos irregulares, así como el daño a la salud que éstos pudieran haber ocasionado, a fin de que se finquen responsabilidades.
