La semana pasada un grupo de 50 civiles armados emboscó a elementos de la Policía Estatal Rural de Guerrero en el municipio de Eduardo Neri. El altercado resultó en un agente muerto, otros cuatro heridos y el bloqueo de una carretera, donde los atacantes incendiaron seis vehículos para bloquear el paso por la zona antes de desaparecer por la maleza.

Ante estos hechos de violencia, el alcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera, afirmó que escuelas a instituciones de salud de la localidad permanecerán en suspensión de actividades. Tres comunidades resultarán afectadas por este paro de operaciones médicas y educativas, que se suman al grupo de demarcaciones que, en respuesta a la ola de agresiones en Guerrero, ya no pueden gozar de ciertos servicios básicos.

Días antes, un hospital comunitario en el municipio de Filo de Caballo, cercano a Eduardo Neri, también dejó de operar como respuesta ante la violencia. Sin embargo, este centro de salud detuvo operaciones no por precaución, sino porque su personal se rehúsa a regresar a las instalaciones. Hasta ahora, las autoridades de Guerrero solo han aprehendido a tres de los 50 individuos que agredieron a los agentes de seguridad.

Higuera reconoció que, tras el ataque de civiles, hay en su municipio elementos del Ejército mexicano y miembros de las Policías Estatal y Federal. El alcalde afirmó que, hasta que el gobierno no pueda garantizar la seguridad de los habitantes, no se reabrirán los centros de salud ni las instituciones educativas suspendidas.

La violencia se ha convertido en un importante reto para los servicios médicos de Guerrero. Hace menos de un mes, el titular de la Secretaría de Salud del estado (SSG), Carlos de la Peña Pintos, anunció que 16 centros hospitalarios han tenido que ser cerrados por los enfrentamientos armados que se desarrollan en la sierra.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya ha expresado su intención de convertir a Guerrero en la nueva sede de la Secretaría de Salud federal (SSa). Sin embargo, varios expertos han comentado que, fuera de la complejidad añadida por la inseguridad, el estado además carece de la infraestructura necesaria para volverse la sede de la dependencia.