Recientemente el país ha vivido un proceso de evolución jurídico-político que pretende otorgar con claridad y precisión, los derechos políticos, jurídicos y participativos a sus habitantes. Esto a causa de que en los últimos años las demandas de salud han aumentado en gran manera y la desproporción entre oferta y demanda de servicios se ha convertido en un motivo de preocupación para los ciudadanos, los profesionales y los responsables de las políticas sanitarias.
Por esta razón al interior de las comisiones de Puntos Constitucionales; Salud y Asistencia Social; y Derechos Humanos, Igualdad y Género se analiza la iniciativa presentada por la diputada Guillermina Morquecho Pazzi del estado de San Luis Potosi en la que se busca reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, a fin de incluir que el Estado protegerá y promoverá el derecho humano a la salud con estrategias basadas en la educación para la salud y en la participación comunitaria.
El ser humano por solo hecho de serlo, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física y psíquica. La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva a un estado de salud bueno en las personas, señaló.
Lamentablemente en México el gasto en salud lo realizan familias que tienen o no acceso a los servicios de la seguridad social, según lo indicó Francisco Oliveros, CEO de Seguros Sura México.
A pesar de ser derechohabientes, muchas familias prefieren pagar servicios particulares por diversas razones, pero la principal es la atención a comodidades percibidas en hospitales privados.
En México, este gasto constituye 45% de los ingresos del sistema de salud y 4% del gasto de los hogares, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas cifras son de las más altas entre los países miembros de la organización.
Recientemente la Auditoria Superior de la Federación (ASD) dio a conocer que 31 de las 32 entidades del país presentaron irregularidades y subejercicios por 7 mil 62 milones 276 mil pesos en el Fondo para los Servicios de Salud (FASSA), al revisar los recursos de la Cuenta Pública 2017.
En suma, la ASF auditó 72 mil 245 millones 606 mil pesos, 84.5 % del total del dinero destinado a las 32 entidades federativas a través del FASSA, observando inconsistencias en más de 10% de los recursos.
Las entidades que más irregularidades y subejercicios tuvieron en 2017, destacan el Estado de México (1,273 mdp), Guerrero (977 mdp), Veracruz (920 mdp) y Oaxaca (872 mdp), que juntos concentraron 57% del monto total de los recursos observados.
