El tema relacionado con la atención de la salud mental es un asunto delicado en nuestro país, ya que, de acuerdo con los tabulafores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la presencia de este tipo de trastornos de la conducta y/o afecciones mentales son la responsable de que, al menos, 4 mil 213 mexicanos pierdan la vida. Por esa razón, un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado son la clave para el futuro.
¿Los principales obstáculos?
Con esto en mente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció lo que, desde la óptica de los derechos humanos, son los principales obstáculos y barreras que afectan la calidad de vida de cientos de mexicanos.
En esa tesitura, a la luz de la redacción de un artículo publicado por la cadena de noticias del periódico La Jornada, el ombudsman a nivel nacional preciso que la falta de información sobre lo que es la salud mental, sumada a la estigmatización y los prejuicios hacia las personas con algún padecimiento en ese campo, son las principales limitaciones del diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.
Y no sólo la enfermedad en sí misma, sino, además, la mera posibilidad de tenerlo, así como el desconocimiento de que pueden prevenirse, atenderse y controlarse no han generado mayor conciencia pública ni desarrollado una cultura de conocimiento, prevención y tratamiento en esta materia.
Durante la inauguración del Seminario El Derecho y la Salud Mental, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Ramón de la Fuente Muñiz”, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la licenciatura de Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Pérez agregó que factores como el estrés, violencia, disfuncionalidad familiar, cambios súbitos de humor, alteraciones en el sueño, pérdida de memoria, miedos o comportamientos compulsivos se perciben como normales, lo que dificulta la prevención, el reconocimiento temprano y el otorgamiento de ayuda o atención especializada y oportuna.
Por tal motivo, demandó al Estado mexicano atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial que los servicios de salud mental se proporcionen, en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida, garantizar que los tratamientos farmacológicos sean considerados parte del sistema de apoyos, que estén disponibles a bajo costo o sean gratuitos, y puedan tener mayor acceso a la justicia personas de comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso, así como quienes viven con alguna discapacidad.
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