La historia de abortos no seguros en nuestro país, se ha caracterizado por la utilización de métodos peligrosos que van desde introducir barras afiladas por la vagina y el cuello uterino, ingerir sustancias toxicas, infligirse daño, insertar preparaciones de hierbas en la vagina, todos ellos muy peligrosos y que ni siquiera son efectivos, pero si pueden generar daños permanentes en las mujeres que los practican.
En nuestro país, el embarazo no deseado y el aborto no seguro, tienen un grave impacto médico en los sectores sociales de menos recursos y afectados por conflictos socio-económico, con consecuencias potencialmente mortales para las mujeres y niñas que terminan sufriendo secuelas a largo plazo.
La práctica del aborto seguro incluye servicios esenciales de salud que permiten tener un mejor manejo de las complicaciones que pudieran ocurrir. Los servicios son oportunos, confidenciales, confiables y compasivos y son proporcionados por personal debidamente capacitado. En Colombia, hace ya más de 10 años se logró despenalizar de manera significativa la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, todavía hay ciudades en las que se presentan barreras sistemáticas que impiden el acceso al aborto seguro.
La anticoncepción y los servicios de aborto seguro, son herramientas utilizadas en la estrategia que busca reducir los embarazos no deseados y las muertes maternas. Con el acceso a la anticoncepción se busca reducir los embarazos no deseados, sin embargo, esta opción no es suficiente para dar solución a la problemática social.
En Colombia, el aborto no seguro representa un problema de salud pública, pues su realización en condiciones insalubres e inadecuadas, sin el personal idóneo y sin equipos, termina siendo un estigma para las más de 400 mil mujeres y niñas que se someten a un aborto inducido y en el que muchas terminan sufriendo una complicación, siendo las mujeres más pobres y las que viven en zonas rurales, las más vulnerables.
Según la Encuesta de Demografía y Salud, más del 50% de los embarazos son no deseados, dejando en evidencia el principal problema: la falta de educación sexual y reproductiva, seguido por la dificultad de acceder a los métodos de anticoncepción[1]. Por otro lado, en muchos sectores, las mujeres no tienen poder para decidir sobre su sexualidad, siendo coaccionadas y a menudo forzadas, pues la violencia sexual contra las mujeres, tiene un alto índice de victimas en nuestro país.
La Corte constitucional de Colombia, reconoció en el año 2006, mediante la Sentencia C-355, que es un derecho de las mujeres y niñas la interrupción voluntaria del embarazo, dentro del territorio nacional, que debe ser garantizado y respetado siempre, sin límites de edad gestacional, siempre y cuando se encuentren amparadas por alguna de las causales de despenalización del aborto[2]. A saber:
- Acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no consentido o incesto.
- Peligro para la vida o la salud de la mujer.
- Malformaciones del feto incompatibles con la vida.
Gracias a las barreras socio-económicas y demográficas, en Colombia el aborto no seguro continúa siendo un problema de salud pública donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sigue teniendo múltiples barreras, tanto sociales como en el propio sector de la salud.
[1] Profamilia y Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) Coloma, 2015.
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