La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados pidió multar a aquellas instituciones de salud públicas o privadas que ofrezcan servicios con médicos no certificados.
Al respecto, uno de los principales autores de esta iniciativa, el diputado Jericó Abramo Masso, argumentó que dicha medida permitirá sancionar a instituciones que presten servicios de salud y realicen procedimientos operatorios de especialidad con profesionales de la salud que no cuenten con certificación validada por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conformado por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad.
Bajo este contexto, Abramo Masso señaló que al año 113 mil 240 mexicanos fallecen por enfermedades del corazón. De esta cantidad, la mitad padecen obesidad y más de 170 mil personas mueren por comorbilidad.
Ante esta problemática, muchos pacientes mexicanos buscan alternativas para solucionar sus problemas de obesidad y sobrepeso por lo que recurren a las cirugías bariátricas. Sin embargo en México sólo existen 88 cirujanos certificados reconocidos por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, cuya certificación sólo es válida por cinco años.
El problema es que hay médicos que sin ser especialistas realizan cirugías que pueden provocar la muerte en los pacientes y muchas veces los médicos involucrados no reciben ninguna sanción.
Jericó Abramo Masso mencionó que la Organización Mundial de Gastroenterología pide una atención médica y quirúrgica proporcionada por un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en cirugía bariátrica para tratar a pacientes que sufren este padecimiento y son candidatos a intervención quirúrgica.
El ejercicio de la profesión médica especializada exige la certificación del médico tratante, de ahí la importancia de que los pacientes sean atendidos por profesionales de la salud certificados en la materia. De lo contrario, las entidades que presten estos servicios con médicos no certificados podrían ser sancionados con inhabilitación y multa, tanto a los médicos como a las clínicas y hospitales.
