De acuerdo con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en el Estado de Coahuila, las quejas manifestadas a través de las redes sociales no son iguales a las levantadas ante la Oficialía de Partes de dicha institución de seguridad pública. Situación que pone en entredicho la veracidad de los actos denunciados por la opinión pública.
Una vez más nos enfrentamos al terreno inestable sobre el que se desplazan las redes sociales. Hoy en día, muchas personas pueden difundir todo tipo de información, desde “tratamientos milagrosos y curativos”, hasta el anuncio “oficial” del inicio de la tercera guerra mundial. Por esa razón, es necesario que los profesionales de la salud alerten a sus pacientes sobre la información que circula en la red.
En este orden de ideas y de acuerdo con la información depositada en un artículo publicado por el diario del norte del país La Voz, pese a las constantes quejas por supuestas “negligencias médicas” cometidas por el personal que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), únicamente existen dos denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
Al respecto, Rodrigo Chaires Zamora, delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de Monclova, Coahuila, destacó que las supuesta denuncias plasmadas a través de las redes sociales relacionadas con:
- Quejas de derechohabientes afectados por la dilación del servicio;}
- Falta de atención; y,
- Mal diagnóstico.
No son llevadas ante las autoridades del Ministerio Público. En este sentido, comentó que solo tiene un par de denuncias formales contra personal médico del hospital general donde, presuntamente, incurrieron en irregularidades.
Las personas que interpusieron la denuncia pueden estar convencidas que nosotros estamos trabajando para esclarecer lo sucedido y en caso de encontrar alguna anomalía o irregularidad castigar al responsable.
Por esa razón, es de sorprenderse que si existen tantas “irregularidades” en los servicios de salud, no existen denuncias por parte de la ciudadanía agraviada. Situación que, como se ha dicho, pone en tela de juicio si son en verdad violaciones cometidas por el personal médico o información, como mucha de la que fluye en internet, sin fundamento ni argumentativa.
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