El reciente nombramiento del Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNN), ocurrido el pasado 17 de febrero pasado, es polémico debido al margen histórico que hay detrás del hombre ahora a la cabeza del INNN. Esto, debido a la presunta responsabilidad en la práctica experimental ilegal realizada contra más de 500 pacientes con hidrocefalia desde hace más de 10 años.
En este orden de ideas y conforme a la información presentada en una entrevista publicada por el diario nacional AM, el neurocirujano Rodolfo Ondarza, quien también era contendiente a la dirección del INNN, ha denunciado irregularidades en el proceso para beneficiar a Celis.
¿Conflicto de interés o cruda realidad?
En esa línea, Ondarza recuerda que en el año 2006, Celis López fue acusado de incurrir en diversas acciones irregulares cuando ocupó el cargo de director de Radioneurocirugía. Incluso, fue acusado por el delito de fraude en su investigación relacionada con la esclerosis múltiple. Dicho evento fue de tal magnitud que orilló al ahora director del INNN a renunciar a su cargo.
Celis formaba parte del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (Cetremi), junto con Julio Sotelo, quien a comienzos de los años 90 diseñó un sistema de drenaje para tratar casos de hidrocefalia, pero el modelo no cumplió con las estipulaciones de la Secretaría de Salud. Sin embargo, a partir de 1998, Sotelo ordenó que se usara de manera experimental, sin que el protocolo de investigación fuera revisado por el Comité de Ética del nosocomio.
Las acciones legales
Por lo anterior, Ondarza acompañado de otros neurocirujanos como Édgar Natal Vera y Roberto Suástegui, solicitó al actual secretario de Salud, José Narro Robles, la recomposición del comité designado para la selección, porque con Celis en éste había un conflicto de interés y se violaba la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Narro nunca les respondió.
En esa tesitura, el 5 de febrero de este año, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RCI) entregó a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas documentales sobre el daño que ocasionó dicho tratamiento experimental a dos personas.
- Yolanda Guerrero Caballero; y,
- Alberto Gutiérrez Robles.
Al respecto, Magdalena López Paulino, vocera de la RCI explicó que la CIDH archivó la petición 1316-12 porque conforme a su interpretación sistemática no existieron víctimas directas solicitando justicia; eran víctimas indirectas: en este caso, el grupo de doctores que había luchado para aclarar esta situación y que fue despedido.
Finalmente, Ondarza criticó “los dedazos” para la colocación de estas personalidades, al frente de las grandes instituciones.
Quienes los perpetran son quienes deciden sobre las políticas públicas en materia de salud y afectan directamente a la población.
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