La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) violó los derechos a la libertad y autonomía reproductiva de una mujer, por lo que tendrá que inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas y apoyarla en el procedimiento administrativo que se inicie contra el médico responsable.
En 2016 la paciente, entonces de 26 años de edad, fue ingresada al Hospital de Gineco-Pediatría 3-A donde se le practicó una cesárea; estando en quirófano el galeno preguntó si deseaba que se le colocara un dispositivo intrauterino (DIU), anticonceptivo que fue rechazado por la mujer, por lo que el médico actuó en contra de su voluntad.
De acuerdo con el expediente CNDH/4/2016/3315/Q, el IMSS violó los derechos de la paciente “en relación con el consentimiento informado en servicios de anticoncepción”.
La recomendación dirigida al director general del instituto, Mikel Arriola Peñalosa, señala que se debe reparar el daño de acuerdo con la Ley General de Víctimas, la cual considera atención médica y psicológica, además de inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que acceda al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
La CNDH sugirió diseñar e implementar en le hospital infractor un curso-taller de capacitación en derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres; implementar una campaña de difusión sobre esta materia y erradicación de la violencia obstétrica; así como girar una circular que señale claramente al personal médico que la solicitud de consentimiento informado es obligatoria y debe respetarse la decisión de las pacientes.
Violencia obstétrica en México
En México, la expresión de la violencia obstétrica es variada, pues se presenta desde la imposición de métodos anticonceptivos (como en este caso del IMSS), pasando por la negación de estos recursos, hasta la proliferación de cesáreas innecesarias para, por ejemplo, “ahorrar tiempos” en partos.
Una gráfica de Statista con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que el porcentaje de cesáreas realizadas en establecimientos médicos particulares dio un salto considerable entre 2006 y 2015, pues pasó de 66,8 a 79,5 por ciento.
De acuerdo con el Inegi, en México el 98.7 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad conocen al menos un método anticonceptivo, pero sólo 51.6 por ciento recurre a alguno, aunque no especifica si es por falta de acceso a ellos o por determinación propia.
Ante el complicado panorama que abona a la violencia obstétrica en el país, activistas como la abogada María Laura Tachiquín, miembro del Grupo Multidisciplinario Generando Igualdad en Querétaro (GIQro), han recordado que el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer permite romper estereotipos y roles tradicionalmente asignados a este sector de la población.
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