A finales de septiembre de 2016 se desató un conflicto entre farmacéuticas calificado por muchos como el escándalo de año, pues la israelí Teva, que comprara a la mexicana Rimsa por 2 mil 300 millones de dólares (mdd), acusó a esta última de tener un proceso de “fast track” para producir medicinas distintas a las fórmulas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ante tales señalamientos sobre el portafolio de productos de Rimsa (140 fármacos), el regulador tomó muestras de algunos para someterlos a análisis y cerró la plata productora de la mexicana en el estado de Jalisco, asimismo, se comprometió, al menos en principio, a tener su dictamen listo a finales de enero de este 2017.

En diciembre del año pasado Cofepris adelantó que hasta ese momento no había encontrado irregularidades significativas en los medicamentos de Rimsa.

Al respecto, apunta la periodista Maribel Ramírez Coronel en su columna de El Economista, se analizaron 48 fórmulas que salieron conforme las especificaciones, mientras que el resto de medicamentos fue evaluado a través de farmacovigilancia de años previos, los cuales no arrojaron problemas observables.

Sobre el cierre de la planta, se presume que se tomó como medida precautoria porque el nuevo personal no proporcionó la documentación completa solicitada por el regulador para verificar la trazabilidad de los procesos.

Dicho lo anterior, todo parece indicar que fue un gran mal entendido, no obstante, hay que esperar el informe formal y completo de Cofepris.

Sobre este asunto cabe añadir que desde el inicio del conflicto la credibilidad de la Comisión se vio amenazada, pues de confirmarse la acusación de Teva habría sido evidente la falta de competencia del organismo en una de sus principales funciones: velar por la seguridad de los mexicanos.