Información del diario El Universal señala que el saqueo del gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, habría dañado principalmente a hospitales y escuelas de Veracruz.
A través de estrategias como la construcción de empresas fantasmas, el pillaje le habría permitido amasar una fortuna en inmuebles que rebasa los mil millones de pesos, además de los recursos que pudo haber tomado de fondos personales, familiares y de sus colaboradores más cercanos.
En días recientes la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) levantaron una denuncia ante un juez federal en la que señalaron a Duarte de Ochoa como cabecilla de una estructura criminal.
Asimismo, se dio a conocer que para vacacionar adquirió y remodeló un rancho con caballerizas y suites de lujo en Valle de Bravo, en el Estado de México, con 200 millones de pesos que, según información recabada por la PGR, habría desviado del presupuesto de la Secretaría de Salud y de la de Educación Pública.
Por este tipo de delitos, se estima que tanto el ex titular de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, como el ex secretario de Trabajo, Gabriel Deantes, serían algunos de los tantos personajes que deberían acompañar a Duarte de Ochoa en la cárcel.
Al respecto, el diputado federal Enrique Cambranis Torres urgió a las autoridades a acelerar los procesos de incautación de bienes y adjudicación de Duarte de Ochoa para revertir el daño económico que causó al estado con su desfalco.
El legislador panista sostuvo que éste sería un acto de justicia que permitiría generar empleo y mejorar escuelas y hospitales.
Señaló que el rancho “Las Mesas” tendría que ser entregado al Gobierno de Veracruz para compensar parte del daño económico sufrido.
“Las investigaciones e la PGR señalan que 3 mil millones de pesos pudieron ser utilizados en la compra de propiedades tanto en México como en el extranjero”, por lo que bienes inmuebles y cuentas bancarias deben ser congelados e incautados a la brevedad para restituir esos recursos al presupuesto del estado, aseveró el legislador.
Cambranis explicó que 27.8 por ciento de la población veracruzana tiene rezago educativo, mientras que 21.7 por ciento no cuenta con servicios de salud, por lo que el actuar de Duarte de Ocho ha sido “mezquino”.
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