Ha transcurrido casi una década desde que se intentó regular el cannabis medicinal en México. Durante todo este lapso han surgido todo tipo de opiniones, tanto a favor como en contra. Incluso en la actualidad todavía no queda claro para algunos profesionales de la salud si es legal o no.
En junio de 2015 la historia del cannabis medicinal cambió de forma radical. Fue en ese año cuando la familia Elizalde inició un juicio de amparo ante la Suprema Corte de la Nación para que se pudiera importar de manera legal un producto derivado de cannabis no psicoactivo que prometía ser la única opción para mejorar la calidad de vida de mi hija Grace.
El largo camino de la cannabis medicinal en México
Tan sólo unos meses después, en enero de 2016, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó los primeros permisos para que dos familias del sur del país pudieran importar este tipo de productos para mejorar la calidad de vida que tienen dos niñas con epilepsia resistente a los medicamentos y tratamientos existentes para este padecimiento.
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El elemento en común entre estas tres familias era que habían probado todos los tratamientos existentes para hacer frente a un tipo de epilepsia muy difícil de tratar y que afecta aproximadamente a 28 personas por cada 10 millones de individuos cada año: el síndrome de Lennox-Gastaut.
Si analizamos este padecimiento como punto de referencia, podríamos decir que la cifra de pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut es insignificante. Aunque si se toman en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre nacimientos desde 2015 y hasta 2022, nos damos cuenta de que se han reportado más de 16 millones y medio de nacimientos, haciendo que la probabilidad de que haya 28 niños con Lennox-Gastaut sea muy alta.
Aproximadamente un 5% de estos pacientes mueren por este padecimiento o problemas asociados, y generalmente ese porcentaje representa a aquellos que no cuentan con tratamientos adecuados o falta de diagnóstico.
Primeros permisos autorizados en México
Han pasado 8 años desde que en México se lograron obtener los primeros permisos para importar este tipo de productos con el fin de mejorar la calidad de vida los pacientes, no sólo con Lennox Gastaut, sino con otros padecimientos neurodegenerativos, dolor neuropático y otros tantos padecimientos que han sido estudiados en estos últimos años.
Lo cierto es que también han sido dos administraciones públicas y dos corrientes políticas las que han gobernado a este país, y las que han demostrado muy poca voluntad para avanzar en la materia.
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Apenas en el 2017 cambió la Ley General de Salud para aceptar el uso medicinal de productos derivados de cannabis no psicoactiva, el tipo de cannabis que cuenta con menos de 1% de componentes psicotrópicos.
Mientras que en el 2018, al finalizar el sexenio, se emitieron los lineamientos para otorgar los primeros permisos, mismo reglamento que fue revocado en los primeros meses de 2019, dejando a miles de pacientes a la deriva y a varias empresas nacionales e internacionales dispuestas a invertir en nuestro país en un vacío legal que continúa hasta la fecha.
El mayor cambio reciente del cannabis medicinal en México
También es cierto que durante el 2021 el Gobierno de México aprobó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos.
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Propone una serie de restricciones a la industria de cannabis no psicoactivo (cáñamo industrial) que limitaría el acceso para suplementos, alimentos, textiles y fibras, entre un sinfín de usos que no generan un riesgo para la salud. Además de poner a nuestro país en una clara desventaja económica resultado de discrepancias en las regulaciones internacionales y una sobre regulación para productos derivados de cáñamo.
Además, el reglamento emitido en 2021 se aleja de la política de justicia social, dando claras ventajas operativas a los grandes conglomerados farmacéuticos, quienes podrán aprovechar su posición privilegiada para presionar económicamente a los pacientes que requieren de productos derivados de cannabis para el tratamiento de diversos padecimientos y lucrar con un cultivo como el cáñamo.
