• Una investigación internacional identificó que existe la comercialización de pastillas adulteradas con fentanilo en México.
• Este opioide sintético es casi 50 veces más fuerte y adictivo que la heroína.
• De acuerdo con algunos reportes, el 75% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos son causadas por el abuso de opioides.

Una reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador causó una fuerte controversia en nuestro país. Todo parte de la idea de restringir el fentanilo de uso médico. El objetivo, según aseguró, era acabar con el tráfico de este fármaco que cada vez es mayor, en especial en Estados Unidos.

Aumenta el tráfico de sustancias ilegales

En los últimos años, el uso y venta ilegal de drogas químicas aumentó considerablemente a nivel mundial. Esto ha causado estragos en muchos países al representar problemas complejos en las políticas de salud. México no es la excepción, ya que la fabricación y comercio de fentanilo y metanfetaminas se incrementó rápidamente, lo que ha generado diversos problemas entre el gobierno mexicano y estadounidense.

Por ello, recientemente las autoridades mexicanas intensificaron la estrategia para controlar el trasiego de droga en la frontera. Además de evitar su fabricación y comercio ilícito, no solo del fentanilo en sí, sino también de las materias primas y componentes utilizados para desarrollarlo.

En este caso se trata de un opioide sintético, casi 50 veces más fuerte que la heroína, que, debido a su fuerza, adicción y bajo costo de fabricación en el mercado ilícito, se ha convertido en una de las sustancias más rentables. De manera lícita, se puede encontrar en diversos medicamentos, que ayudan a aliviar el dolor en pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos o que están en etapas avanzadas de cáncer.

¿Existe una regulación legal en México?

Muchas de las sustancias utilizadas para fabricar fentanilo no están sujetas a controles específicos. La Ley General de Salud no los tipifica como estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ni limita su importación, transporte o uso. Están sujetos a controles menos estrictos que los productos (legales o ilegales) que pueden fabricarse con ellos, los cuales están regulados por la Ley Federal de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para la Elaboración de Cápsulas, Tabletas y pastillas, así como, la Ley General de Salud de México.

Tras el incremento de la venta ilegal y presión por parte del gobierno de Estados Unidos, dichas leyes fueron revisadas y modificadas para dar mayor poder a las autoridades e impedir su fabricación y comercio, así como imponer controles y obligaciones más estrictos a personas y entidades legales, que participen en procesos relacionados con este tipo de productos.

De acuerdo con Alberto Campos, Socio encargado del área de práctica de Ciencias de la Vida, del despacho Sánchez Devanny, “en principio, el fondo de las reformas a la ley es positiva, anteriormente, no estaba clara la posibilidad de que las autoridades competentes realizaran procedimientos de verificación con respecto a estas sustancias, y los controles sobre estos bienes no estaban claramente establecidos para las entidades legales dedicadas a su comercio y uso dentro de México”.

“Sin embargo, las reformas ponen a tantas autoridades a cargo de los debidos procesos de verificación, que no queda claro el alcance de sus facultades y en muchos casos, las responsabilidades de las autoridades pueden superponerse”.

De igual forma, las obligaciones relacionadas con el control y la trazabilidad de estas sustancias se han vuelto mucho más onerosas y difíciles de cumplir. Cabe mencionar que, muchos de los productos que se consideran precursores y productos químicos esenciales para la fabricación de fentanilo también se utilizan en otras industrias, por ejemplo, en productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos cosméticos y de higiene o limpieza.

Los ajustes a las leyes se publicaron el 3 de mayo de 2023 y entraron en vigor al día siguiente, por lo que ahora las empresas enfrentan un gran desafío en la implementación de los cambios, los cuales incluyen nuevas autoridades a cargo de la aplicación de la ley, como son la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Guardia Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Las reformas establecen que las personas que utilicen estos bienes para cualquier actividad regulada deberán registrar su uso en el Sistema Integral de Sustancias Químicas, de forma obligatoria, y especificar la ubicación de la sustancia, la cantidad y el tipo.

También, se redujo el tiempo para entregar el informe anual, de 60 días hábiles a 60 días calendario. Así mismo, las organizaciones que realicen cualquier proceso con estas sustancias deberán incluir en su objeto social una referencia expresa a los procesos en los que se utilizarán, al igual que recopilar y verificar información sobre las personas con las que realicen sus procesos.

De igual forma, se limitan las aduanas por las que pueden importarse las mercancías, además se establecen nuevas infracciones y tipos penales, los que podrían resultar en multas considerables de hasta el 10% de los ingresos obtenidos de las operaciones reguladas y penas de prisión de hasta 15 años.

“Lo que podemos ver es que nuevamente las reformas imponen restricciones a las personas legalmente establecidas, sin enfocarse a detener las actividades ilegales, por lo que muy probablemente esas acciones, además de generar mayores costos logísticos, modificaciones administrativas y cambios en las estructuras internas de las entidades legales, así como, revisiones más estrictas de los riesgos potenciales, se tendrá una mayor probabilidad de corrupción por parte de las autoridades competentes”.

Por ello, el especialista recomienda que quienes participen en procesos que involucren estos productos, verifiquen las acciones y reestructuraciones específicas que deben implementarse para evitar posibles infracciones y, en algunos casos, delitos penales. También es recomendable preparar expedientes y protocolos para no caer en actos que tengan implicaciones económicas e incluso penales.

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