Ante la situación de emergencia que enfrenta México se han tenido que tomar diversas decisiones. Una de ellas fue un acuerdo histórico entre el gobierno federal y hospitales privados para atender cierto tipo de enfermedades y servicios de manera gratuita. Otro de los puntos más importantes ha sido la compra de vacunas contra la Covid-19 para su aplicación inmediata entre la población. Mientras que otro aspecto a considerar ha sido la autorización de medicamentos que antes no estaban disponibles en el país como el Remdesivir.
Aunque este fármaco antiviral fue creado originalmente para casos de hepatitis C, estudios recientes mostraron que también es de utilidad contra esta nueva cepa de coronavirus. Pero mientras en otros países como Estados Unidos ya está autorizado en el caso de México se negó su uso por parte de las autoridades durante meses.
Fue apenas hace unas semanas que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó la licencia para el uso de emergencia del Remdesivir contra la Covid-19. Con esto se plantea que pueda estar disponible en los hospitales públicos.
Por su parte, una parte central que no se debe ignorar es que solo un especialista tiene la facultad para recomendarlo. Aunque está indicado para las primeras etapas de la enfermedad en realidad se deben cumplir algunas directrices específicas para que un paciente lo deba consumir.
Ahora bien, a pesar de que ya cuenta con la autorización correspondiente en México todavía persiste un fuerte problema. Se trata de su elevado precio, el cual podría no variar demasiado a pesar de haber sido avalado por la Cofepris. A la fecha suele costar alrededor de 70 mil pesos y eso lo vuelve imposible de adquirir para la mayoría de mexicanos e instituciones públicas.
¿Cómo lograr que el Remdesivir disminuya de precio?
Por todo lo anterior es que se ha planteado utilizar un recurso legal. Como lo indica El Economista, la idea es que se convierta en el primer medicamento en utilizar la licencia de utilidad pública. El fundamento se encuentra en el Artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Lo que indica es que cuando exista una emergencia o una situación de seguridad nacional las patentes se puedan quitar o compartir.
En el caso de México existen dos patentes que protegen el principio activo del Remdesivir y cada una tiene una duración de 20 años. La primera termina el 22 de abril de 2029 y la segunda el 22 de julio de 2031. Mientras que ambas son propiedad de Gilet Science Inc., quien es la única farmacéutica que puede fabricar, vender y comercializar el producto.
Ante esta situación es que la licencia de utilidad pública serviría para permitir que otras compañías puedan fabricar el fármaco. De esta manera se lograría de inmediato que su producción aumente y como consecuencia directa que su precio sea mucho menor.
La autoridad encargada de iniciar el proceso
Con base en le procedimiento legal, lo que se requiere es que el Consejo de Salubridad General haga una declaratoria para justificar la causa de emergencia. El segundo paso es solicitar expresamente que una cierta patente se ponga a disposición de otros laboratorios que cuenten con los insumos e instalaciones adecuadas para fabricar el principio activo. En caso de que existan otras farmacéuticas interesadas se puede proseguir.
Aunque este recurso legal se instauró en 1994 hasta ahora jamás se ha empleado. El único antecedente con el que se cuenta ocurrió en 2009 con la pandemia de influenza. En ese entonces se interpuso para hacer pública la patente del principio activo del Oseltamivir que comercializa Roche con el nombre de Tamiflu. Aunque a la mitad de la disputa se detuvo el proceso porque la farmacéutica demostró que podía aumentar su fabricación y distribución del medicamento.
