En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo ha recibido más de 15 denuncias respecto a los elevados costos de atención a pacientes con COVID-19 en hospitales y clínicas a nivel nacional. Y es que, por si no bastara el colapso del sistema sanitario, los familiares de pacientes con COVID-19 deben costear elevados gastos derivados de la atención en las UCI.
La directora de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados en Ecuador (ACHPE), Ana Delgado, estima que en promedio, cada día de hospitalización en la UCI de cualquier centro de salud equivale como mínimo a $2.500. Tomando en cuenta, que la mayor parte de los pacientes dura internado un promedio de 25 días, estamos hablando de más de $30.000 en servicios médicos. Solo realizar la prueba de PCR para realizar el despistaje del virus, cuesta $120.
Los centros de salud sostienen que los gastos están justificados de UCI debido la cantidad de especialistas involucrados, ventiladores mecánicos con tecnología de punta, oxígeno, el tratamiento farmacológico, exámenes médicos, la dieta y la estadía que cuenta con monitoreo durante las 24 horas por parte del equipo de salud.
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Sin embargo, los familiares de los pacientes consideran que las clínicas se están aprovechando de la situación, inflando los precios de una manera exorbitante, donde una simple mascarilla puede a llegar a costar $600.
La situación es tan grave, que gran cantidad de familias firman el alta voluntaria por no poder cubrir los elevados costos, aún con el riesgo de contagio o de muerte. A pesar de que las clínicas al recibir a los pacientes le indican los montos y los planes de financiación disponibles, la mayoría de los pacientes sencillamente no puede costear ni siquiera una semana de hospitalización.
Y lo peor, es que el IESS no se está haciendo cargo de estos pacientes; por lo que la mayoría de los ecuatorianos prácticamente han pagado toda su vida un seguro médico que en esta situación los ha dejado totalmente desprotegidos. El mal manejo de los fondos y la enorme deuda que el Estado tiene con la entidad, la habían llevado prácticamente a la quiebra, antes del inicio de la pandemia.
La ACHPE estima que la deuda con los centros de salud privados es de aproximadamente 200 millones de dólares; 73% de los deudores provienen del IESS y el 24% del MSP. Ante esta situación, muchas clínicas están reteniendo el cuerpo de los pacientes que han fallecido, como una medida de presión para que sus familiares paguen, lo que es totalmente ilegal según ha informado el Defensor del Pueblo.
En este complejo contexto, no hay ganadores, sólo vencidos. Con un sistema de salud que ha resultado ser insuficiente para asumir una emergencia sanitaria de dimensiones tan grandes, los ecuatorianos hacen lo posible por preservar la vida de sus seres amados, vendiendo sus bienes y solicitando la colaboración de sus familiares y amigos.
Todos tienen la esperanza de que la vacuna, que arriba al país en el mes de enero de 2021, alivie un poco la carga al sistema de salud y a los bolsillos de los ecuatorianos que han recurrido a solicitar atención médica para preservar su vida durante la pandemia.
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