La salud pública ha logrado abrirse camino y se ha planteado en Colombia y en el mundo como una ciencia, encargada de estudiar los procesos de salud-enfermedad de modo colectivo. En la constitución de la Organización Mundial de la Salud OMS, se establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
La salud es, entonces, el resultado de factores determinantes que operan de manera favorable en el ser humano, que le permiten gozar plenamente de la vida de forma individual. Pero, es sabido que los bienes y servicios que se construyen de manera colectiva constituyen condiciones aptas para la vida en comunidad, es allí donde surge el concepto del derecho a la salud y a la salud pública.
En Colombia, la salud pública no está concebida como un derecho, está, apenas, en la categoría de servicio público: “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”[1]. Estableciéndola como un servicio público esencial que se presta centrado en la enfermedad, donde prima el juego de la oferta y la demanda, más que por mejorar el acceso a los servicios de salud, propiamente dichos.
En Colombia se ha encargado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) el aseguramiento y ofrece a sus afiliados una red de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas y privadas: consultorios, hospitales, laboratorios que ofrecen (venden) sus servicios a las EPS. En estas entidades se presta el primer nivel de atención al afiliado cotizante y a su grupo familiar, y el cubrimiento del llamado POS (Plan Obligatorio de Salud).
Con éstas, se garantiza la prestación del servicio y está caracterizada la reafirmación de la salud como un servicio público esencial, al mismo tiempo que se confirma el modelo de prestación de servicios centrados en la enfermedad, enmarcándolos en el contexto de mercado con competencia regulada en donde la oferta y la demanda priman y el acceso a los servicios no mejoran.[2] La salud pública en Colombia tiene múltiples retos por enfrentar. Y en primer lugar estaría la consecución del concepto de universalidad y eficiencia dentro del contexto de solidaridad. La sostenibilidad financiera, lograr una cobertura total de la población, fortalecer la práctica de la salud en lo relacionado con la promoción y la prevención, la información completa y oportuna para fortalecer la práctica de la salud pública, así como la evaluación de los procesos y resultados.
[1] Constitución de 1991, artículo 48 [2] Revista Médica de Risaralda. Vol. 18, No. 2, dic. 2012
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