Mediante un comunicado publicado por la Secretaría de Salud federal (SSa), la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó sus lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y sus derivados. Este nuevo marco legal aplicará exclusivamente para el uso de la marihuana con fines farmacológicos, médicos y de investigación.
Julio Sánchez y Tépoz, titular de Cofepris, comentó en conferencia de prensa que gracias a estos nuevos lineamientos para la marihuana médica, se podrán diseñar políticas públicas para regular la producción, investigación y uso clínico de la cannabis.
El comisionado recordó que estos lineamientos responden al decreto publicado en junio de 2017, cuando se reformó la Ley General de Salud para contemplar el uso medicinal de la marihuana y sus derivados. Apuntó que el tiempo entre la promulgación de este cambio legislativo y el anuncio de los lineamientos fue necesario para armonizar el marco normativo pertinente.
Dentro de los lineamientos, se establecen los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con uso industrial que tengan derivados de la marihuana con concentraciones de uno por ciento (o menores) de tetrahidrocannabinol (THC). Igualmente, contiene los criterios legales para la evaluación y dictamen de las solicitudes de autorización, que continuaría manejando la misma Cofepris.
Siempre y cuando se cuente con la autorización de la SSa (a través de Cofepris) y se utilice con fines médicos, los lineamientos permiten la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la marihuana.
A pesar que Cofepris reafirmó que se encuentra con las puertas abiertas para atender todas las disposiciones con respecto al uso de la marihuana, la dependencia de hecho fue acusada en septiembre de bloquear ilegalmente solicitudes legítimas para emplear la cannabis. La denuncia fue realizada por Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), que protestó que la Comisión hubiera recibido 574 procesos, desechado 180, aprobado nueve y detenido todos los demás.
