El tema de la marihuana de uso recreativo en México ha estado sujeto a intenso debate en los últimos meses, no solo entre los funcionarios de la actual administración sino también para los representantes del sexenio entrante. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado un precedente sin igual que respaldará todas las controversias en cannabis lúdica.

La SCJN concedió un amparo a dos mujeres, que impugnaron la prohibición en la Ley General de Salud ante el consumo recreativo de la marihuana. Con este fallo, la Corte suma ya los cinco casos necesarios para establecerse la figura de jurisprudencia a escala nacional. A través de este recurso, todos los jueces del país deberán apegarse a este criterio en cualquier caso similar con respecto al uso de la cannabis.

De acuerdo con los ministros, la prohibición absoluta de la marihuana recreativa es inconstitucional “por innecesaria y desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad”. El senador Ricardo Monreal, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apuntó que solamente queda que el Congreso de la Unión impulse la iniciativa para eliminar de la Ley General de Salud esta restricción y se establezcan los parámetros para su consumo.

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN, fue el único miembro del organismo que no votó a favor de la resolución. El funcionario aseguró que, aún cuando esta a favor de eliminar la prohibición absoluta a la marihuana recreativa, mientras no se establezca un reglamento claro para la adquisición de la semilla de cannabis, a todos aquellos a quienes se les otorgue el amparo no podrían obtenerlas sin incurrir en un delito.

La jurisprudencia no significa que los mexicanos puedan utilizar, cultivar o transportar a su discreción marihuana para fines recreativos. Todavía se debe de comenzar un recurso de amparo contra la Ley General de Salud ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que controla el uso de la cannabis. Sin embargo, sí significa que ya ningún juez de todo el país podrá limitar los derechos humanos de los ciudadanos y deberá otorgar el permiso.