Este miércoles, decenas de familias marcharon por las principales calles de la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, para exigir a las autoridades de salud en la localidad que opten por la legalización de la marihuana y, más específicamente, los productos derivados de su agente terapéutico para el tratamiento de diferentes trastornos asociados con la epilepsia.
En este contexto y conforme a la información depositada en varios artículo publicado por distintos medios locales, entre ellos El Debate, los manifestantes desean que la utilización de la marihuana para su consumo con fines medicinales sea despenalizado por la legislación de Yucatán, luego de las evaluaciones hechas en el H. Congreso de la Unión.
Uno de los manifestantes, Francisco Peña Herrera, explicó a los medios que cubrieron la manifestación, que se suma a diferentes expresiones similares en toda la república, que el uso de los derivados de la marihuana para el tratamiento de uno de sus familiares con epilepsia resultó benéfico para su calidad de vida.
Mi hija tenía cerca de 90 ataques de epilepsia al día, los cuales se redujeron a 20 gracias a varias cirugías cerebrales, pero fue hasta que María (ahora de 20 años) comenzó a consumir Cannabidiol que las crisis se redujeron a 10 diarias, y su intensidad bajó tanto que algunas veces son imperceptibles.
Derivado de lo anterior, el hombre explicó que es necesario hacer una evaluación, ya que la compra del medicamento recomendado por los profesionales de la salud que atendieron a su familiar tiene un precio de 6 mil 500 pesos y el frasco contiene 255 mililitros que sólo le duran 23 días, aproximadamente.
Como es sabido, hay estudios clínicos como en citado por el Sr. Peña Herrera, sin embargo, la despenalización de la marihuana involucra otras variables que, lamentablemente, deben contemplar posibles escenarios negativos, como su uso alejado de la práctica médica en el apoyo de algún tratamiento.
Una posible regulación local
La despenalización de la marihuana hace referencia a un segundo proceso de regulación; el primero de ellos ilegalizó el uso y consumo de este tipo de sustancias desde la adición a la Convención Única de Estupefacientes (CUE) en el año de 1961.
La legalización, como lo han llamado algunos medios, es el resultado de un proceso que cuestionó esta primera regulación que vio efectos negativos en la seguridad y salud púbica, principalmente. Por esa razón, una posible regulación local es todavía un escenario lejano para la legislación mexicana.
Para poner un ejemplo, en los Estados Unidos, las personas invierten una cantidad de 50 a 150 dólares al mes, para atender sus necesidades farmacológicas sobre compuestos derivados de la marihuana. Una cifra que si se redondea a 20 pesos por dólar, coloca un costo de casi tres mil pesos para la atención de ligeras cantidades de marihuana.
Una cifra que deja mucho dinero a las arcas de las principales administraciones gubernamentales en los Estados Unidos. Aquí, ¿dónde terminaría el dinero que los pacientes invertirían en sus tratamientos? La respuesta inmediata serían las instituciones, pero ¿tenemos instituciones fuertes para hacer frente a las complicaciones del mercado de la marihuana.
El panorama es todavía distante.
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