Hace no mucho tiempo escribimos sobre el riesgo de las políticas impulsadas por el magnate y ahora presidente de una de las naciones más poderosas en el planeta, Donald Trump, traducido como un auténtico problema de salud pública a nivel mundial. La era Trump, sin lugar a dudas, traerá consigo una serie de modificaciones no sólo a la ley contra los migrantes, sino, además y casi simultáneamente, a los diferentes ordenamientos de salud y seguridad pública en esta región del continente.
En ese contexto, durante las primeras horas de este mes de marzo, Donald Trump dejó sin efecto una ley propuesta por Obama que impedía a los enfermos mentales comprar armas en la Unión Americana. Cabe destacar que la reforma a dicha legislación fue impulsada, apoyada y aprobada por la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado norteamericano.
La medida en cuestión había sido desarrollada por el entonces presidente Barack Obama como parte de su estrategia para aumentar los controles en el acceso a armas de fuego luego de la tragedia ocurrida en un colegio de Newtown en el año 2012, donde fallecieron veinte niños y seis profesores.
La norma que ahora ya ha sido derogada, consistía en que las autoridades federales exigían a la Dirección de Seguridad Social el historial de las personas que recibían alguna terapia o tratamiento para remediar enfermedades mentales con la intención de, en este sentido, prohibirles la adquisición de armas.
Ahora es parte de la historia. Donald Trump suma otra acción a su lista de medidas excepcionales que en tan poco tiempo han dado mucho de que hablar en todo el mundo.
Al respecto, Chris W. Cox, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) reconoció la derogación como una decisión atinada, la cual aplaudió en un comunicado de prensa hecho de la opinión pública la semana pasada, tras conocerse la aprobación.
El voto en el Senado supone el siguiente paso en la marcha atrás de la ofensiva extralimitación del Gobierno que caracterizó la era de Obama.
Por otro lado, el senador demócrata por el Estado de Connecticut, donde se produjo la matanza en 2012, Chris Murphy, manifestó su rechazo al señalar que la normativa bloqueada solo afectaba a un grupo muy reducido de personas.
Si no pueden manejar sus propios asuntos financieros, ¿cómo podemos esperar que puedan ser propietarios responsables de un arma de fuego legal y peligrosa?
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